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La mayor parte del calentamiento global observado durante los últimos años es muy probablemente debido al aumento de  las emisiones de gases invernadero a la atmósfera, atribuibles principalmente a actividades humanas (combustión de carbones y gasóleos, entre otros).

Este exceso de emisiones ha causado un cambio muy grave en el clima de una manera fugaz, con los consecuentes efectos que pueden tener sobre los ecosistemas naturales y las sociedades humanas.

El Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Panel Intergubernamental de Científicos sobre el Cambio Climático, establecido por las Naciones Unidas) calcula que para el año 2100, con respecto a 1990, se puede llegar a producir un aumento de la temperatura mundial de entre 1,4 y 5,8 ºC.

La inmensa mayoría de países del mundo comenzaron a discutir sobre cambio climático hace más de dos décadas, fruto de ello tuvieron lugar:

• La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Fue adoptada en New York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con el cambio climático.
  

• El Protocolo de Kyoto. Fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. Es considerado como un primer paso importante hacia un régimen verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), y proporciona la arquitectura esencial para cualquier acuerdo internacional sobre el cambio climático que se firme en el futuro. Cuando concluya el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto en 2012, tiene que haber quedado decidido y ratificado un nuevo marco internacional que pueda aportar las severas reducciones de las emisiones que son necesarias, según ha indicado claramente el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
  

• Reunión de Qatar. El día 08 de diciembre de 2012, ha tenido lugar en Qatar la clausura y ratificación de acuerdos de la reunión sobre el clima, encabezados por la Unión Europea y Australia, países que representan apenas el 15 % de las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial. Después de varias reuniones con resultados fallidos, para poner coto a las emisiones de efecto invernadero a la atmósfera, se ha llegado a un acuerdo global de la O.N.U. para que se firme un nuevo acuerdo para combatir el cambio climático en 2015, cuya entrada en vigor en 2020 establecería como objetivo a todos los países, incluyendo las economías emergentes encabezadas por China e India, que no tienen objetivos en Kyoto.
  

• Acuerdo de París. En diciembre de 2015, fué alcanzado un acuerdo débil para afrontar el cambio climático. El análisis detallado del último acuerdo climático indica que, debido a sus efectos indirectos, la reducción de las emisiones netas derivadas del acuerdo no será igual a la suma de todas las promesas, ni siquiera en el caso hipotético de que todos los países intentaran cumplir con sus compromisos. Se ha construido sobre la base de las promesas voluntarias de mitigación por parte de los estados, las llamadas Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), de las que se espera que permitan limitar el aumento de la temperatura media del planeta de 2,5 a 3 grados centígrados. El acuerdo prevé que estas promesas se fortalezcan cada cinco años, de forma que se pueda alcanzar el objetivo previsto de limitar el aumento a 2 grados e incluso 1,5 grados.
  

La razón de las acciones de mitigación es que generarán efectos indirectos o sistémicos a nivel nacional y mundial. Estos efectos indirectos son principalmente tres: la fuga de carbono, la paradoja verde y el efecto rebote.

• Fuga de carbono: Los compromisos de mitigación difieren considerablemente entre los estados, no solo en términos absolutos, sino también en cuanto a niveles relativos a las emisiones o al salario medio de la población. La diferencia es particularmente grande entre los países ricos y los países pobres, y se traducirá sin duda en los costes de reducción de emisiones entre unos y otros, y estimulará la deslocalización de industrias contaminantes hacia países con políticas de reducción menos exigentes.
  

• Paradoja verde: Las emisiones globales de CO2 aumentarán, resultado totalmente opuesto a la intención original de las políticas de subvenciones. La solución no pasa por eliminar las subvenciones a las energías renovables, que responden a objetivos legítimos de innovación y difusión de las tecnologías de baja emisión de carbono, sino por poner un precio al CO2, conocido como carbon pricing. Esto impediría que los combustibles fósiles se abaratasen.
  

• Efecto rebote: Por temor a dañar su posición competitiva, estas promesas se traducirán, muy probablemente, en políticas relativamente débiles, lo que provocaría este tercer efecto indirecto. Es decir, el ahorro de energía daría pie a consumos energéticos adicionales no deseados. Muchos mecanismos contribuyen a estos efectos rebote: un uso más intensivo de los productos más eficientes, la difusión de tecnologías más eficientes, la caída de los precios de la energía en respuesta a la eficiencia energética a gran escala, y el gasto del dinero obtenido con el ahorro de energía en nuevo consumo. El efecto rebote es especialmente significativo en países en desarrollo y en economías emergentes. Una solución eficaz para controlar el efecto rebote es, de nuevo, fijar un precio del carbono, que entre otros, serviría para desalentar a los consumidores a gastar el dinero ahorrado en productos y servicios muy contaminantes en CO2.
  

Los tres efectos indirectos no recibieron ninguna atención mediática ni antes ni durante la cumbre del clima (COP21) celebrada en la capital francesa, por ello, no debe sorprender que el texto del Acuerdo de París no mencione ni el efecto rebote, ni la fuga de carbono, ni los mercados de petróleo. Llegados a este punto, los políticos deberían aceptar la necesidad de enmiendas al acuerdo que aseguren el control de los efectos indirectos. Un mensaje positivo es que un sistema de precios del carbono armonizado permitiría afrontar los tres de una sola vez.

Pero, ¿qué está ocurriendo en España? Fuente: El pais

El especialista Javier García Breva, que acaba de publicar el informe Acuerdo de París 2015: repercusión en la política energética española lo explica: "En España no se ha desconectado el crecimiento económico de las emisiones. Cuando el PIB empezó bajar en 2008, las emisiones bajaron. Pero en los dos últimos años PIB y emisiones han crecido. Las políticas desde 2008 han ignorado el CO2".

Mientras que el CO2 cayó en 2014 ese 4,1% en el conjunto de la UE, en España creció un 0,5%, según la EEA. En 24 años, las emisiones han aumentado en España un 15%, mientras que en Europa han bajado un 24,4%. España es el cuarto país europeo en el que más aumentó el CO2 en 2014. "Tenemos una política energética que favorece las emisiones". España vivió un boom de las de renovables unos años antes y se puso a la cabeza de Europa, pero eso cambió con posterioridad. Bruselas ya ha advertido al Gobierno de que debe cumplir sus compromisos comunitarios: que el 20% del consumo final de toda la energía del país proceda de fuentes limpias en 2020 (ese porcentaje estaba en 2014 en el 15,8%). Se espera que esos compromisos se endurezcan aún más para 2030, cuando los acuerdos de París obligen a Europa a recortar un 40% sus emisiones respecto a 1990.

Diseñar un sistema sólido de generación de energía con fuentes limpias es imprescindible para las emisiones presentes y futuras. De hecho, se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea los Reglamentos 2015/1189 y 2015/1185 relativos, respectivamente, a los requisitos de diseño ecológico aplicables a calderas y aparatos de calefacción local (estufas, cocinas, etc.) que usen combustibles sólidos. Estos reglamentos suponen un desarrollo de la Directiva 2009/125/UE, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

Estos requisitos de diseño ecológico serán de obligado cumplimiento para fabricantes y/o importadores de calderas y aparatos de calefacción local que empleen combustibles sólidos.

En el caso de las calderas, el Reglamento 2015/1189 incluye requisitos de eficiencia energética y emisiones al aire de partículas, monóxido de carbono, compuestos orgánicos gaseosos y óxidos de nitrógeno a aplicar a partir del 1 de enero de 2020 a las calderas  de  potencia  nominal  igual o inferior a 500 kW que  usen  combustibles sólidos (se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento algunos tipos concretos de calderas, como las de biomasa no leñosa o las que generen calor exclusivamente para suministrar agua potable o agua sanitaria caliente).

En el caso de los aparatos de calefacción local, el Reglamento 2015/1185 incluye requisitos de eficiencia energética y emisiones al aire de partículas, monóxido de carbono, compuestos orgánicos gaseosos y óxidos de nitrógeno a aplicar a partir del 1 de enero de 2022 a los aparatos de calefacción local potencia nominal igual o inferior a 50 kW que usen combustibles sólidos (se excluyen del ámbito de aplicación del Reglamento algunos tipos concretos de aparatos de calefacción local, como los destinados únicamente a la combustión de biomasa no leñosa o los destinados a utilizarse únicamente en exteriores).
Fuente: NUEVOS REQUISITOS DE ECODISEÑO PARA CALDERAS Y ESTUFAS DE BIOMASA

Expertos proponen fuerte alza precio gasóleo para descarbonizar España Fuente: Reuters (2 de abril de 2018)

La transición energética de España y la eliminación del carbón en el mix energético del país podría abaratar la factura de la luz para los ciudadanos al tiempo que requeriría un fuerte aumento del precio del gasóleo, según un informe de expertos entregado el lunes al ministro de Energía, Álvaro Nadal.

El documento, entregado por el presidente de la comisión, Jorge Sanz, contempla un aumento del 28,6 por ciento del precio del gasóleo, una subida mucho más moderada del 1,8 por ciento de la gasolina y un aumento del 5,8 por ciento del gas natural, al tiempo que bajaría el precio de la luz para los hogares en un 6,8 por ciento.

El informe aboga también por alargar la vida de las nucleares y repartir los sobrecostes de las energías renovables entre todas las fuentes de energía (electricidad, gas natural, gasolina y gasóleo), lo que eliminaría la fiscalidad distorsionadora en la generación de la electricidad en España y permitiría al país convertirse en exportador neto de electricidad a Francia.

“La mayor penetración de renovables en nuestro país permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España”, dijo el informe.

Las medidas también permitirían eliminar el carbón como fuente de energía y avanzar en el proceso de reducción de emisiones, señaló el informe.

España quiere llevar al Congreso este año una ley de cambio climático Fuente: Reuters (2 de Jilio de 2018)

El nuevo gobierno socialista español quiere poner en marcha este año la maquinaria parlamentaria para desarrollar una ley de cambio climático, dijo la responsable del ramo al diario El País sobre una normativa que algunos expertos consideran indispensable para que el país cumpla con sus compromisos medioambientales.

“Remitiremos al Parlamento antes de final de año una ley cuyo primer borrador me gustaría dar a conocer antes del 1 de agosto”, dijo Teresa Ribera, responsable del nuevo Ministerio de Transición Ecológica, que ha fusionado las competencias de energía, agua y medioambiente.

“Es fundamental para orientar las grandes decisiones de inversión”, añadió en una entrevista publicada este lunes por el diario español.

Para impulsar la ley, Ribera confía en lograr el consenso necesario en un fragmentado arco parlamentario en el que los socialistas, que llegaron al poder a finales de mayo tras la moción de censura al gobierno del PP, apenas tienen una cuarta parte de los escaños.

Expertos consultados ven esencial que España cuente con una ley de cambio climático como la que ya tienen países como Reino Unido y Francia para cumplir con los Acuerdos de París de 2015, conocidos como COP21.

“Está claro que necesitamos una ley (de cambio climático) porque si no, no vamos a cumplir los objetivos de la COP21, que pasan por cambiar el modelo productivo y el modelo energético”, dijo recientemente a Reuters Lara Lázaro, experta en políticas medioambientales del Real Instituto Elcano.

“Si en Europa tenemos objetivos fuertes alineados con el Acuerdo de París, en España, venga quien venga en las siguientes elecciones, probablemente pondrá en marcha las medidas necesarias para cumplir los compromisos medioambientales”, añadió.

Tras meses de conversaciones, la UE acordó finalmente el 20 de junio una nueva legislación climática que fija un objetivo de eficiencia energética del 32,5 por ciento y un incremento del peso de las energías renovables al 32 por ciento en 2030, con la posibilidad de revisar estas metas sobre la marcha en 2023.

A partir de ahora los gobiernos nacionales deberán trazar sus propios planes para que el bloque pueda cumplir con uno de los principales objetivos de París: que en 2030 las emisiones contaminantes sean al menos un 40 por ciento inferiores a los niveles de 1990.

Ribera, que en su primera cumbre europea como ministra alineó a España con los países más ambiciosos en energías renovables, dijo a El País que el gobierno trabajará de forma paralela en la elaboración de un plan integrado de energía y clima que servirá para planificar las inversiones.

Entre los desafíos del gobierno se encuentran el previsible cierre de las centrales térmicas de carbón y el futuro de las plantas nucleares más allá de los 40 años.

Ribera dijo que habría que “hacer números” antes de tomar una decisión sobre el parque nuclear español, que aunque representa el 7 por ciento de la potencia instalada, cubre el 21 por ciento de la demanda eléctrica. En los últimos tiempos algunas empresas del sector eléctrico como Iberdrola han puesto en duda su viabilidad económica.

Para el carbón el futuro es más incierto más allá de 2030 por la actual coyuntura regulatoria y social en Europa, dijo la ministra.

¿Qué podemos hacer nosotros?

Un consumo responsable puede ser desarrollado de dos maneras distintas:

• La primera, disminuyendo el consumo global, teniendo en cuenta que generalmente solo una pequeña parte de la población mundial es la responsable de la mayoría de las emisiones.
  

• La segunda, generar menos emisiones contaminantes por actividad, de manera que cubramos nuestras necesidades con el menor consumo posible, creando métodos de eficiencia energética que produzcan un mayor ahorro y no sean agresivas con el medio ambiente y el clima.